¿Dimitir o no dimitir? That's the question

Querido lector:

España despierta hoy con una Ministra menos en nuestro querido Des-Gobierno. Ana Mato (ahora ex-Ministra de Sanidad) ha decidido poner fin a su andadura política y dejar la cartera ministerial, esa a la que se ha agarrado hasta el final como quien se aferra a un clavo ardiendo.

La dimisión parece estar de moda dentro del Gobierno de Rajoy ya que Ana Mato es la tercera Ministra que deja el cargo, antes que ella se produjeron en el Gabinete dos salidas más: La de Miguel Arias Cañete (ex–Ministro de Agricultura) y la de Alberto Ruiz-Gallardón (ex–Ministro de Justicia). Parece, pues, que el Des-Gobierno está en crisis…

El desencadenante de la decisión de Mato, que tanto se ha hecho esperar, es el auto emitido por el Juez Ruz en el que la señala como participante en el caso Gürtel. Ruz propone que sea juzgada por haber recibido ciertos regalos financiados por la trama, por esa razón, la considera partícipe a título lucrativo. Es cierto que Ana Mato no está imputada, de momento en este caso, pero su dimisión era de esperar pues no faltan motivos para ello. Lo suyo ha sido, desde un punto de vista más que objetivo, un desastre de gestión.

En mi opinión, la cartera le quedaba grande. No ha logrado ninguno de los objetivos que pretendía y, ante situaciones difíciles en las que era necesario mostrar un dominio del liderazgo en la toma de decisiones, no ha estado a la altura. Ni si quiera ha sabido dirigirse a los medios de comunicación ni mucho menos a los ciudadanos.

En el caso de Ana Mato hay muchas manchas negras y borrones en su historial: Sus viajes de ensueño financiados por la trama Gürtel y su incompetencia, indecisión e incomparecencia ante la crisis del ébola son los más sonados. Pero no solo eso, nuestra ex-Ministra se ha cubierto de gloria durante sus tres años al frente del Ministerio, entre otras cosas ha sido la causante de los recortes en la Ley de Dependencia, de la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares y del copago farmacéutico y hospitalario. Vamos, que es ¡una joyita!

Pero la pregunta que nos debemos hacer no es si deben dimitir o no los políticos y el por qué de su dimisión, ya que motivos tienen y de sobra. Lo que debemos preguntarnos es cuándo deben hacerlo.

La casta política (como diría Pablo Iglesias) es reacia a dimitir, pretenden permanecer en su cargo per saecula saeculorum independientemente del perjuicio que causen a la estabilidad del Gobierno o de la desconfianza que se pueda generar en los ciudadanos. 

Hace unos días hablábamos en Práctica Penal (una de las asignaturas del Máster en Abogacía) sobre esta cuestión, es decir, cuándo debe dimitir un político. El profesor nos dijo que la opinión generalizada entre los expertos es que deben dimitir en caso de se produzca un auto de procesamiento, es decir, cuando al político en cuestión se le denomine procesado. Este auto de procesamiento supone que después de haber investigado, el Juez ya tiene unos indicios racionales suficientes para dar por finalizada esa fase de investigación y entrar en el juicio. El problema de esto es que el auto de procesamiento sólo se realiza en los procesos judiciales por delitos graves y, en el procedimiento abreviado no lo hay sino que se realiza un escrito en el cual el Juez da por concluidas las diligencias preliminares. Por tanto, siguiendo con la argumentación anterior, parece que en el caso de los procedimientos abreviados los políticos deberán dimitir cuando se den por concluidas las diligencias preliminares.

Así pues, se supone que los políticos no tendrían por qué dimitir en caso de imputación, algo que me parece del todo incorrecto.

La imputación puede ser de parte (es decir, por un particular que denuncia o querella a una persona concreta) o judicial (el Juez es quien identifica a la parte pasiva del caso). El supuesto típico en la esfera política es la imputación judicial que supone que vistos los hechos y realizadas las diligencias de investigación correspondientes el Juez señala a una persona como supuesta implicada y responsable de los hechos constitutivos de un delito. Y digo yo, ¿no es la imputación suficientemente grave como para que el político diga: “Dimito”?, ¿no valdría más una retirada a tiempo que una batalla perdida? Parece ser que no, les compensa más seguir chupando del bote.

En opinión de Emiliano García-Page, alcalde de Toledo por el PSOE, “un político debe dimitir cuando facilita procesos que podrían ser corruptos,  aunque él no se beneficie; cuando consiente y cuando mira para otro lado” y no puedo estar más de acuerdo. Se entiende que un político tiene una responsabilidad añadida y un deber moral y ético que se extiende en todo su actuar como político e incluso como particular, se le exige una diligencia y corrección mayores y diferentes a las del resto de los ciudadanos, por eso, en mi opinión bastaría la mera relación con un caso de corrupción o con un proceso judicial que pudiera afectar a la confianza que los ciudadanos depositan en su persona, para considerar su dimisión.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. La previsión de esta cuestión por los Estatutos de los Partidos Políticos se aleja y dista mucho de mi opinión: Los estatutos del PP prevén la expulsión de un militante sólo cuando exista una sentencia firme, los del PSOE cuando se haya cometido un delito doloso y en el caso de IU, deben dimitir en caso de procesamiento por corrupción.

Parece pues que la decisión de dimitir depende casi por entero de la moralidad y ética profesional del político en cuestión, de ahí la pregunta que titula esta entrada: ¿Dimitir o no dimitir? That’s the question.